Con el golpe cívico militar de 1976, el gobierno militar tomó medidas para enfrentar a los sindicatos a través de leyes prohibitivas y represivas. Para evitar los reclamos de los trabajadores se desmantelaron todas las estructuras gremiales determinando la suspensión de ese tipo de actividades por tiempo indeterminado.

Se intervino la Confederación General del Trabajo, se prohibieron las elecciones sindicales, las asambleas y toda actividad de tipo gremial. Estas intervenciones y la persecución de dirigentes suspendieron los derechos de los trabajadores, como el de huelga y el de negociaciones colectivas.
La Ley de Contrato de Trabajo se derogó y se reemplazó por la Ley 21.400/76. Ésta obligaba a los trabajadores a abandonar las medidas de acción directa mientras estuviera en vigencia el estado de sitio. De realizar huelga, esos trabajadores iban hacer acusados de alterar el orden público. La huelga había dejado de ser un derecho para transformarse en un delito sujeto a sanciones penales.
Además, se intervinieron las obras sociales y se estableció la llamada «Ley de prescindibilidad», por la cual se estableció un régimen de despidos sin causa. La finalidad de la esa ley era separar de su empleo y de la relación con sus compañeros a todos aquellos empleados considerados activistas vinculados con la subversión.
Recién en 1977, se conformó el primer nucleamiento sindical surgido en la dictadura: la Comisión de los 25. Esta comisión que se caracterizó por confrontar con el gobierno y convocó el primer paro general contra la dictadura el 27 de abril de 1979. Hacia fines de 1979, con la sanción de la Ley de Asociaciones Gremiales de Trabajadores 22.105/79, se abría una nueva fase en la estrategia del poder. La dictadura imponía su modelo gremial y demostraba sus claras intenciones de debilitar y desarticular a los sindicatos, tanto desde el punto de vista organizativo, al prohibirles la actividad partidaria, como financiero, al desvincularlos del manejo de las obras sociales.
Resurgimiento de los sindicatos y el Movimiento Obrero

En 1980 ante el debilitamiento el gobierno, se fortaleció el sindicalismo con la reestructuración de la CGT Brasil en noviembre de ese año, siendo Sául Ubaldini el Secretario General. Entre 1981 y 1983, la CGT Brasil desarrolló varias huelgas con marchas. Ante los niveles de represión imperantes de aquella época, fueron un desafío y representaron un espacio político recuperado. La movilización masiva del 30 de marzo de 1982, “Pan, Paz y Trabajo”, previa a la guerra de Malvinas, marcó un hito en las protestas populares durante la dictadura.
A principios de 1982, se inició el avance hacia el restablecimiento de las organizaciones gremiales, a pesar de que muchas entidades no habían adecuado sus estatutos tal como lo preveía la Ley 22.105/79. En algunos casos, se constituyeron las “comisiones transitorias”, que sustituían a las intervenciones militares.
Sin duda, los sindicatos representaron un bastión importante en la lucha por el restablecimiento de la democracia. Bregando por la restitución de los derechos siendo la organización más sólida que enfrentó a la dictadura militar.

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